Críticas en Salta al Plan Güemes: tensiones políticas actuales
Mientras el Gobierno intenta poner en evidencia resultados en la frontera norte, las voces críticas desde el territorio se hacen cada vez más fuertes. Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, una localidad en la frontera con Bolivia, no ha guardado silencio ante la gestión tanto de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich como de la actual, Alejandra Monteoliva. Zigarán ha denunciado que esto se ha convertido en un “show político” que oculta la falta de acciones concretas, dejando a las comunidades locales en el desamparo. Además, la situación comercial en las ciudades fronterizas se ha visto afectada por el contrabando, lo que ha generado que desde Formosa se quejen de la exclusión de la provincia de los operativos de refuerzo fronterizo.
La relación entre Zigarán y Bullrich comenzó de forma amistosa pero se tornó conflictiva con el tiempo. En diciembre de 2024, tras incidentes entre bagayeros y gendarmes en la ruta nacional 50, Zigarán defendió a Bullrich, argumentando que los gendarmes habían utilizado todos los recursos necesarios para garantizar su seguridad. Sin embargo, con el anuncio de una cerca de 200 metros en Aguas Blancas, que representa solo una fracción de los 742 kilómetros de frontera, las críticas comenzaron a acumularse. Aunque el interventor justificó inicialmente esta medida, luego se vio obligado a cuestionar la falta de control migratorio del lado boliviano, señalando que la obra era más simbólica que efectiva.
De aliado a crítico
Esta semana, Zigarán se expresó sin rodeos. Tras la visita de Monteoliva a La Quiaca para la inauguración de obras tecnológicas, el interventor la calificó como parte de un “show político”. Las críticas fueron especialmente duras hacia Virginia Cornejo, directora de Fronteras e Hidrovías, a quien describió como un obstáculo en cualquier relación bilateral. Zigarán destacó que, debido a su postura política, sus comentarios no son tomados en cuenta, lo que entorpece la resolución de los problemas reales. “Cuando hay que actuar, no lo hace”, aseveró, refiriéndose a la mezcla de lo político con lo institucional.
Zigarán enumeró una serie de reclamos olvidados por el Gobierno: desde la falta de reglamentación de las chalanas, hasta la ausencia de respuestas sobre restricciones comerciales impuestas por Bolivia. También mencionó la ineficacia del tránsito de taxis entre ambos países, que ya funciona en otras fronteras. Ante esta falta de respuesta, se plantea avanzar directamente con la Cancillería para establecer un marco de cooperación con Bolivia, algo que resalta la desconexión que siente con las autoridades nacionales.
Su descontento no se detuvo allí; también criticó la desarticulación del Plan Güemes, señalando que ha ido perdiendo impulso y que la presencia de fuerzas de seguridad en rutas y puntos estratégicos ha disminuido, lo que afecta la seguridad.
El anuncio de Monteoliva sobre la modernización del Complejo de Control Fronterizo en Jujuy contrastó con la realidad en Aguas Blancas. Mientras las autoridades celebran avances, el impacto en el terreno cuenta una historia diferente.
Orán: negocios cerrados porque “la gente se va a Bolivia como de shopping”
Las estadísticas de incautaciones de droga no son el único tema caliente en el norte. En Orán, a tan solo 50 kilómetros de Bolivia, el presidente de la Cámara de Comercio, Ariel Zablup, reportó el cierre de 40 negocios en los últimos meses. Los comerciantes están desesperados frente a una competencia desleal que los ha dejado fuera del juego.
Sebastián Morillo, otro comerciante local, comentó que ir a Bolivia para comprar se ha vuelto tan común que “es como ir de shopping”. Los precios de productos como indumentaria y alimentos son mucho más bajos en el país vecino. Este escenario ha llevado a que muchos locales queden vacíos o se ofrezcan en alquiler, lo que crea una atmósfera de incertidumbre sobre qué tipo de negocio realmente puede sobrevivir en estas condiciones.
“Nación borró a Formosa del mapa fronterizo”
Las críticas también llegan desde Formosa. El ministro de Seguridad provincial, Jorge Abel González, ha señalado que el Gobierno ha dejado a su provincia al margen de los refuerzos fronterizos. Los operativos parecen concentrarse en otras provincias como Salta y Chaco, lo que ha generado frustración en Formosa, donde la falta de recursos y efectivos federales deja a la frontera vulnerable.
González enfatizó que, en una reciente reunión, se presentó una visión centrada en el río Bermejo, desestimando el importancia del río Pilcomayo, lo que evidencia la falta de consideración hacia la situación de Formosa. A su juicio, sin la coordinación necesaria, la efectividad de la Gendarmería se ve comprometida, exponiendo aún más la frontera.
El colapso regional: contrabando y competencia desleal
La problemática del contrabando no se limita a unas pocas provincias. En el norte argentino, el ingreso masivo de productos de contrabando, sobre todo desde Bolivia y Paraguay, está afectando gravemente al comercio formal. Cada día, miles de argentinos cruzan la frontera para adquirir productos a precios significativamente más bajos, lo que ha llevado a un éxodo comercial preocupante.
El impacto económico es devastador. El comercio informal, que opera sin pagar impuestos, vende a precios que los negocios formales simplemente no pueden igualar. Este fenómeno no solo perjudica a los comerciantes formales, sino que también perpetúa un estilo de vida que suele quedar al margen de la legalidad.
En el noreste argentino, el contrabando desde Paraguay representa un desafío similar. Los comerciantes deben lidiar con productos que ingresan sin aranceles, destruyendo así a la industria local. La falta de controles eficaces agrava aún más la situación, permitiendo que muchos productos se reexporten ilegalmente hacia Argentina, perjudicando a los emprendimientos formales.